Archidiócesis de Sevilla

Las repercusiones de la crisis derivada de la guerra de Ucrania no han tardado en notarse en los hogares españoles. El encarecimiento de los costes de vida está aumentando los niveles de precariedad de las familias. Ante esta situación, Cáritas Española ha entregado al Gobierno una serie de propuestas en víspera de la reunión del Consejo de Ministros en el que se va a aprobar el Plan de Respuesta ante los efectos socio-económicos derivados del conflicto en Ucrania.

“El Plan de Respuesta y las medidas que se adopten deberían tener presentes a las personas más vulnerables, que venían de una situación ya muy dura”, explica Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política de Cáritas Española. Según el informe Foessa ‘Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España’, presentado a mediados del mes de enero, la población en exclusión social severa ha pasado del 8,6 % en 2018 al 12,7 % en 2021 y alcanza más de seis millones de personas. “Esta realidad marca una prioridad clara en las políticas que deben desarrollarse”, recuerda Abril.

En sus propuestas, Cáritas Española considera “imprescindible el desarrollo de la agenda legislativa prevista, que contemplaba normativa en temas esenciales, como la vivienda o el Ingreso Mínimo Vital”. “La normativa prevista en diferentes ámbitos tendente a la garantía de derechos y al fortalecimiento del Estado de bienestar es lo que permitirá afrontar con bases estructurales sólidas esta situación y las futuras, generando una red sólida que proteja efectivamente a todas las personas y, especialmente a las más vulnerables”, señala Cáritas Española en el documento entregado al Gobierno.

Entre las nueve propuestas de Cáritas Española se encuentra ampliar la cobertura del ingreso mínimo vital “para llegar a todas las personas en situación de pobreza severa que, por la extensión de la unidad de convivencia, por estar algunos de sus miembros en situación irregular o por ser menores de 23 años, entre otros motivos, se ven excluidas de esta prestación”.

Por otra parte, solicitan adaptar el reglamento de extranjería a la reforma laboral, modificando las autorizaciones de residencia para dotar de la misma estabilidad documental que se pretende con el fomento de la contratación indefinida.

En materia de vivienda exhortan a “mantener las medidas adoptadas en el contexto de pandemia a través del escudo social (mantenimiento de la prohibición del corte de suministros más allá del 30 de junio; suspensión de desahucios más allá del 30 de septiembre y recuperar la prórroga de los contratos de alquiler)”.

En cuanto a la administración electrónica, Cáritas Española insta al Gobierno a habilitar los medios públicos necesarios para que las personas puedan acceder de forma accesible a la Administración Pública y a las medidas que se establezcan en el plan de respuesta.

Igualmente, proponen –entre otras modificaciones- incrementar el porcentaje de la prestación por desempleo a partir del día 181 de percepción o anular la reducción del 70 % de la base reguladora al 50%.

En esta línea, se incluye la propuesta de “modificar y reducir para que sea menor el colectivo de mujeres que perciban el subsidio especial por nacimiento (no contributivo) y puedan acceder al contributivo. En el caso del subsidio especial por nacimiento, aumentar la duración de la prestación, aumentar la cuantía y ampliarlo a toda mujer que esté inscrita como demandante de empleo”.

Asimismo, Cáritas hace una llamada para incrementar la cuantía del subsidio por incapacidad temporal a trabajadores a tiempo parcial y par aponer en marcha la prestación o cobertura por desempleo de personas trabajadoras del hogar.

Finalmente, en su informe presentado al Gobierno pide “aumentar el límite de carencia de rentas o ingresos del pensionista y el aumento del importe de ayuda para el pensionista que acredite carecer de vivienda en propiedad”.