Archidiócesis de Sevilla

Se dirán ustedes que qué tendrán que ver la velocidad con el tocino para que en un blog que se ubica en una web de la Iglesia Católica, venga nadie a hablarles de las cuentas del Estado. Tranquilos, que en esta ocasión no me voy a aventurar siquiera a profundizar en los arrebatos contables que conmueven al brillante Luis de Guindos o al ligeramente amarillento Montoro, dicho sea con los debidos respetos y, como decimos en Derecho, en estrictos términos de defensa. Los ciudadanos le tenemos una especial aversión a posicionarnos sobre los avatares contables de los presupuestos generales del Estado, de las dificultades técnicas que conllevan, de lo complejo que puede resultar el reparto del dinero común, de lo que es necesario, de lo que urge, pero en verdad que de eso se trata la habilidad de hacer Política, y lo escribo con mayúsculas, frente a la pequeña política de calle, la de barra de bar, en la que fulanito de copas hace mención a la suerte que corren los dineros públicos por los manejos, tantas veces abruptos, de nuestros próceres procaces.

Don Cristóbal Montoro, a quien nunca le arriendo las ganancias, nos anunció ayer con esa tristura en el rostro, esa aguileña campechanía de quien sabe que cuanto dice no va a llegar a oídos del ciudadano medio, que nuestras cuentas estatales arrojan un incumplimiento del objetivo del déficit grave de unos 4.000 millones de euros de desfase. Eso no sería nada para un Estado con más de 46 millones de habitantes, si no fuera porque tenemos ya un déficit acumulado de más de 56.000 millones de euros, según cifras de 2015. Hagan ustedes los cálculos, y les sale como decir que cada uno de nosotros, usted y yo para más señas, debemos a fecha de hoy algo más de 1200 euros por cabeza, cifra a considerar sobre todo porque la productividad, el desempleo, las cargas sociales y otra serie de factores, lastrarán la recuperación de la deuda durante varias décadas.

Para más inri, la evidencia de Montoro, sobre la que casi nadie expresa la más mínima duda, es la de que este incremento del déficit se produce por el desfase en las cuentas autonómicas: nuestros próceres locales han tomado la chequera como una libro en blanco sobre el que escribir los nombres y apellidos de sus más dilectos beneficiarios, puesto que este déficit se circunscribe en su mayor número a las nóminas de miles de enchufados regionales. Es duro decirlo así, pero a las cuentas y sus justificaciones nos remitimos. Evidencia de que el estado de las Autonomías es un reino de taifas en el que cada cual hace de su capa un sayo, o mejor, como se dice en otras latitudes, “de su capa hizo un poncho y de su guitarra un charango“. Este sistema particional del Estado, en vez de acercar la administración y la democracia a los ciudadanos, se ha convertido en la excusa perfecta para que las minorías más recalcitrantes rompan el estado del bienestar, repartiendo prebendas y bonanzas a familiares y amigotes de turno, a cambio de cuatro votos, tres subvenciones y varias nóminas, mientras las Cuentas del Estado hacen aguas por todos sus flancos. Un Estado insostenible nos aboca a varias generaciones fracasadas, a una Seguridad Social insostenible y a un Estado en crisis permanente. Haríamos bien en exigir a nuestros gobernantes autonómicos menos regalías a sus súbditos locales, menos prebendas, y exigirles más responsabilidad en miras al bien común, que no tiene nada que ver con el interés general y mucho menos con el interés público: son cosas que tantas veces se contraponen.

Hoy día en política casi no se habla ya del bien común, es un concepto que no interesa, porque obliga a nuestros representantes a hacer un valoración sobre la escala de principios generales que debería regirles, valoración para la que o bien no se encuentran preparados, o bien no se encuentran dispuestos: someterse a una escala de principios ajenos a su egoísmo particular parece una ficción insostenible para muchos de nuestros políticos, más movidos por otros intereses muchas veces particulares. Se ha sustituido el concepto de bien común por el de interés general, y ello sobre todo porque así se establece una estimación puramente subjetiva, puesto que difícilmente se puede identificar cuál sea el interés de una generalidad, muchas veces generalidad indefinida que facilita, en suma, que el interés sea definido por el político de turno en función de su propio interés. La fórmula versallesca e ilustrada de Luis XIV “L’État, c’est moi” (“El Estado soy yo“) en Democracia se ha sustituido por la de “el Estado soy yo, el político de turno“, justificada en el número de votos que cada representante dice reunir, menoscabando aún más si cabe la misma Democracia, pues cuando un político se somete a unas elecciones con un programa electoral y luego cumple otro tan distinto a que sometió a las elecciones, deberíamos coincidir que está manipulando y deformando la voluntad ciudadana y rompiendo el contrato social en que se basa la misma Democracia: si mi mandatario no cumple mi mandato (eso es un voto, un mandato), mi mandatario debería ser depuesto; pero resulta que nuestros políticos no cumplen ese mandato que les damos con el voto y, haciendo de su capa un poncho, ejecutan lo que les viene en gana, hacen con el dinero público lo que les reclaman sus regalías y convierten el interés general en su particular interés más personal y egoísta.

Referirse al bien común da por supuesto la existencia de una conciencia social, de un conjunto de valores comunes, de unos principios generales. Para ser estrictamente “civilista”, en el mejor sentido de la palabra, no me referiré a principios de orden religioso, sino incluso a los mismos principios que reúne nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. El arrebato reformista de nuestra Constitución que conmueve a tantos políticos estos días en España, esconde precisamente esa mala intención, la de eliminar una serie de principios generales a los que debieran someterse, a cambio de reducirlos a ese “interés general” impreciso y lábil al que me refiero, con lo cual matan dos pájaros de un tiro: eliminan cualquier inspiración cristiana en el cuerpo espiritual de la Constitución, inspiración cristiana que tanto les molesta precisamente porque les impide codearse abiertamente con su particular egoísmo; y reducen los principios constitucionales a una mera suma de intereses estadísticos, es decir, lo que resulte de la encuesta de turno que cada político reclame, con lo fácil que es cocinar una encuesta, ya saben ustedes… Reducido el interés general a una suma de voluntades imprecisas, el bien común desaparece de la esfera pública, relegado a las catacumbas de la espiritualidad de cada cual, y la solidaridad, ese principio inspirador de nuestra Carta Magna incluso a nivel territorial, es fácil hacerla erradicar, facilitando así las actuaciones taifales de nuestros gobiernos autonómicos. En suma, la reducción del Estado a una crisis permanente de insostenibilidad, fíjense si la cosa es grave, sin que ustedes se hayan percatado de hasta qué punto hemos hablado sobre las cuentas públicas sin complicarles a ustedes con los epígrafes de los Presupuestos Generales del Estado. Por reducirlo mucho, el bien común es, un concepto universal, tiene que ver con la solidaridad y la fraternidad entre los ciudadanos y pone claras limitaciones a los particularismos, a los egoísmos localistas e incluso a los nacionalismos excluyentes.

Quizás será por eso que la comunidad autónoma más incumplidora del objetivo del déficit es Cataluña, miren por donde…